Recientemente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, al decidir en la causa nro. 146578, excluyó del cuadro probatorio disponible unos archivos de audio de WhatsApp por falta de verificación de su autenticidad —manteniendo no obstante ello la condena porque el resto de la prueba alcanzaba para tener por probado el hecho—.
El fallo fija un parámetro técnico de referencia para la incorporación de prueba digital al proceso y deja una regla clara: acreditar la autenticidad corresponde a quien acusa. Este trabajo analiza qué exigió el Tribunal, por qué la exclusión no derribó la sentencia y qué consecuencias tiene para fiscales, querellantes, defensores y jueces.
Introducción
Cada vez más pruebas de tipo digital llegan a los tribunales: audios y chats de aplicaciones de mensajería instantánea, capturas de pantalla, videos. En la provincia de Buenos Aires no hay una regla procesal específica sobre cómo producirla e incorporar válidamente ese tipo de elementos de prueba.
Frente a este vacío, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, con el voto de los jueces Carral y Maidana, resolvió un recurso deducido contra una condena dictada por un tribunal en lo criminal por un delito contra la integridad sexual. Entre los agravios, la defensa cuestionó dos audios de WhatsApp atribuidos al imputado, incorporados al juicio sin acreditación técnica y con el planteo expreso de que podrían haber sido generados o alterados con inteligencia artificial.
El Tribunal, si bien rechazó el recurso, excluyó esos audios y precisó, con apoyo en guías técnicas, qué se espera de quienes acusan cuando ofrecen evidencia digital.
La prueba digital como prueba especial
En su voto, Carral parte de una premisa clara: la evidencia digital ingresa al proceso como prueba material, igual que la documental o la pericial, pero tiene características propias que la vuelven especial. Enumera cuatro: es volátil (puede perderse si no se recolecta en tiempo y forma), duplicable (pueden hacerse copias sin que sea posible reconocer el original), alterable (puede modificarse o borrarse sin dejar rastros) y, en ciertos supuestos, anónima.
A esa enumeración se suma la inteligencia artificial generativa, capaz de producir imágenes, videos y audios difíciles de distinguir de los reales: la llamada deepfake. De ahí deriva un desafío para los tribunales: desarrollar y aplicar pautas de autenticación y cadena de custodia que garanticen la integridad de los datos, porque de lo contrario quedan en juego derechos como la privacidad, la defensa en juicio y la presunción de inocencia.
El caso: audios en CD y una objeción por IA
Los audios impugnados eran mensajes de WhatsApp que habrían sido reenviados a la denunciante por una hija del imputado. La denunciante los aportó a la investigación varios meses después de iniciada, en formato CD. No se ofreció ningún soporte original ni se los obtuvo mediante una pericia informática controlada por la defensa.
La defensa discutió su legitimidad desde la etapa de garantías, postura que sostuvo también en el juicio, donde planteó que no estaban acreditados su origen, su autenticidad ni la legalidad de su obtención. Remarcó, además, que la fiscalía no pidió abrir y analizar el celular del imputado, secuestrado al momento de su detención.
Sin embargo, el tribunal de juicio admitió los audios y reconoció que, si bien la hipótesis de adulteración mediante el uso de la IA podía ser cierta, no había razones para pensar que hubiera ocurrido y ni siquiera el imputado lo había afirmado. Valoró también que dos testigos reconocieron la voz y relataron cómo llegaron los archivos a la denunciante, y que la defensa no les preguntó si notaban diferencias con los audios originales.
El parámetro técnico de referencia
A su turno, Carral hizo una distinción entre las medidas que podrían haberse adoptado en torno a esa prueba, diferenciando las correspondientes a la investigación preliminar (secuestro de los dispositivos, cadena de custodia, peritación del contenido) y las de la incorporación al debate (reproducción de los archivos, lectura de los textos o visualización de capturas de pantalla, previa acreditación de la fiabilidad de la fuente).
Dijo entonces que, en relación con el celular que la fiscalía tenía en su poder desde la detención del imputado, se podrían haber realizado las siguientes diligencias:
- Identificación del aparato (marca, modelo, IMEI, tarjeta SIM).
- Bloqueo del dispositivo, colocación en “modo avión” y extracción de los archivos con autorización del juez de garantías, notificación previa a la defensa y a través de personal idóneo.
- Obtención de capturas de pantalla que permitieran individualizar las cuentas emisora y receptora de los mensajes, y rastrear la información.
- Cálculo del hash, para verificar luego que los datos no hubieran sido alterados.
Además, frente a la ausencia de una regulación local específica en la materia, tomó como parámetro interpretativo para un estándar técnico de referencia:
- el Manual de Buenas Prácticas para computadoras basadas en la Evidencia Digital, publicado en las Guías ENFSI (abreviatura en inglés de European Network of Forensic Science Institutes);
- el Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital, elaborado en forma conjunta por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación —rubricado en 2023— (cfr. CAPÍTULOS V, VI y VII; puntos 5.1. a 5.9, 6.1, 7.1 a 7.16); y
- el conjunto normativo ISO/IEC 27037:2012 (en tanto impone la exigencia de cadena de custodia y del cálculo de hash).
En el juicio, el Tribunal encontró un segundo déficit. Una vez ofrecida la prueba, el tribunal de grado podía incorporar por lectura el informe actuarial con la transcripción o el soporte en DVD, pero condicionado a su acreditación (arts. 342 bis y 366 CPP). No lo hizo, y tampoco se produjo prueba que la acreditara: la primera receptora de los archivos no fue ofrecida por la acusación y fue desistida por la defensa que la había propuesto, y la denunciante no aportó su dispositivo.
La carga de acreditar la autenticidad
El punto central es este: cuando la acusación ofrece audios sin ningún mecanismo de verificación técnica y la defensa plantea que pudieron generarse o alterarse con IA, el riesgo de deepfake recae sobre quien acusa. No debe probar la falsedad quien la alega, sino que corresponde a la acusación, pública o privada, demostrar la autenticidad del material.
De esta manera se corrige el razonamiento del tribunal de juicio, que había dado peso a que nadie aportó información que generara dudas. Para la Casación, la ausencia de dudas planteadas por la defensa no suple la acreditación previa de quien ofrece la prueba.
Como respaldo, el voto cita la doctrina de la Corte Suprema sobre privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones (Fallos 333:1674, «Quaranta», y 330:3801, «Minaglia»), el caso «Carpenter v. United States» y «Peck v. United Kingdom» del TEDH. Esa doctrina trata sobre la intercepción de comunicaciones, y el Tribunal considera su principio «trasladable» al análisis de la autenticidad.
Exclusión sin absolución
Si bien el Tribunal excluyó del cuadro probatorio los audios a los que venimos haciendo referencia, el informe actuarial y la transcripción de aquellos mensajes, por afectar la garantía del art. 18 CN y configurar un supuesto de exclusión probatoria (art. 211 CPP), finalmente no anuló la condena.
Aplicó, mutatis mutandis, la doctrina de la Corte de Fallos 334:725: si subsiste un curso causal probatorio independiente, la sentencia puede sostenerse sin el elemento excluido. Casación consideró que los audios no eran la prueba primordial y decisiva, sino una mera confirmación de lo ya probado. La condena se apoyaba en el testimonio de la víctima, valorado como coherente y sostenido en el tiempo, y en declaraciones de otros testigos que lo corroboraban.
La regla del caso es entonces doble: la acusación debe verificar la prueba digital que ofrece, y el incumplimiento solo es decisivo si esa prueba era necesaria para sostener la condena.
Qué implica para la práctica
- Fiscalía y querella: pensar la cadena de custodia digital desde el primer día. Si el dispositivo está secuestrado, corresponde peritarlo; si la prueba la aporta un particular, hay que verificar su integridad antes de ofrecerla. En el debate, la incorporación debe condicionarse a la acreditación previa.
- Defensa: plantear el cuestionamiento de forma temprana y concreta, desde la etapa de garantías, y sostenerlo en el juicio. Conviene también interrogar a los testigos sobre posibles diferencias entre lo escuchado y lo recibido. Y no perder de vista que, en general, el fallo exige una mínima corroboración de la hipótesis de la defensa, sin invertir la carga de la prueba.
- Jueces: no alcanza con decir que nadie planteó dudas sobre un archivo digital cuando la carga de despejarlas es de quien lo ofrece.
Si bien esta decisión corresponde a una de las Salas del Tribunal de Casación Penal provincial, llega en un momento en que el debate sobre IA generativa y prueba judicial recién empieza, y es probable que se la cite en otros litigios.
Conclusión
Si bien este fallo no reemplaza una regulación procesal específica —que todavía está pendiente—, ofrece un piso de exigencias para la prueba digital: verificar la integridad de lo que se ofrece, documentar la cadena de custodia y no trasladar a la defensa la carga de probar que un archivo es falso.
Al mismo tiempo, marca un límite: excluir un elemento no basta si el resto de la prueba sostiene la condena por sí solo. La lección práctica es que la acreditación de la prueba digital debe trabajarse en todas las etapas, desde el secuestro del dispositivo hasta la audiencia de debate.
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Antecedentes del Dr. Sebastián Jáuregui
El Dr. Sebastián Jáuregui es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. Es especialista en Cibercrimen (Universidad Siglo 21) y diplomado en Derecho Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (Universidad del Museo Social Argentino).
Se desempeñó como Instructor Judicial en la Fiscalía de Investigación N.º 2 del Departamento Judicial de Mercedes, donde adquirió una amplia experiencia en Derecho Penal.
Actualmente ejerce la profesión de forma independiente y es socio fundador del Estudio Jurídico Jáuregui-Villalba.