Editorial García Alonso
 
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Artículo de Doctrina


Ejecuciones fiscales: multas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social




Continuación del artículo anterior: "Multas administrativas por parte del Ministerio de Trabajo de Empleo y Seguridad Social ante irregularidades en la registración de trabajadores"

Luego del procedimiento administrativo que explique en el artículo anterior, en caso de aplicación de multa por parte del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, y una vez firme la misma , es decir no habiendo sido abonada por el administrado, en tiempo y forma, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTEYSS) tendrá a su cargo la ejecución de la sanción, a través de sus letrados apoderados que se distribuyen en las distintas Delegaciones existente a lo largo de nuestro del país, siguiendo el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el artículo 92 y siguientes de la Ley Nº 11.683 (texto ordenado por Decreto Nº 821/98) y sus modificatorias o en base a la ley 18.695.

 

¿Qué son las ejecuciones fiscales?

Para adentrarnos al tema debemos definir a las ejecuciones fiscales, como un procedimiento expeditivo de cobro de tributos, con que cuenta el Estado Nacional, en el que se acelera y optimizar el cobro de las deudas sancionadoras por parte del ente administrativo.

La característica más importante del Juicio de Ejecución Fiscal es la de ser un juicio ejecutivo sumario, esto es, un juicio en el que no existe revisión judicial sobre el fondo de la deuda tributaria, sino que su fin inmediato es lograr que el sujeto pasivo de la obligación cumpla.

 

Título ejecutivo

Como toda ejecución tiene un título ejecutivo que hace de base de dicho proceso. En caso de tratarse de multas aplicadas conforme a la ley 11,683, el titulo ejecutivo será el certificado de deuda firmado por la autoridad competente. Como el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, es un ente descentralizado, tiene Delegaciones territoriales en todas las provincias del país, y es por ello que dicho certificado estará firmado por el Delegado Regional de la sede que se encargará de iniciar la respectiva ejecución fiscal.

Dicho título contiene los siguientes datos: nombre del administrado al que se le impuso la multa, domicilio fiscal, CUIT del administrado, nro. del expediente administrativo de donde proviene el certificado, numero de certificado, fecha de emisión, detalle de la infracción y la firma de la autoridad competente.

Con dicho certificado el agente del estado (abogado, apoderado del MTEYSS) inicia la demanda de ejecución fiscal el cual se regirá en cuanto a su procedimiento por la ley art. 92. De la ley mencionada.

En caso de las multas que se aplica conforme a la normativa 18.695, el titulo ejecutivo base de la demanda de ejecución fiscal será la resolución sancionatoria, es el acto administrativo donde se funda los motivos de la aplicación de la multa, la cual debe estar firme. (art 12 18695)

Ambas formas de título ejecutivo deberán instrumentar una deuda líquida y exigible, representa la declaración documental del órgano administrativo en donde se deja constancia de la obligación del contribuyente.

 

Procedimiento de ejecución fiscal

Lo primero a analizar para el inicio de la ejecución fiscal por parte del agente fiscal es la prescripción, es decir determinar si la resolución que aplico la multa no se encuentra prescripta, conforme al art.56 de la ley 11.683 la prescripción opera a los 5 años para los contribuyentes inscriptos ante el AFIP como empleadores, y a los 10 años para los contribuyentes no inscriptos lo cual comienza a correr a partir de la fecha de notificación de la resolución sancionatoria.

 

Ejemplo: si la resolución sancionatoria se notificó al administrado el 2/03/2013, la prescripción operara el 3/03/2018.

Lo segundo que analiza el agente fiscal a cargo de la ejecución fiscal es el domicilio fiscal, este domicilio determina la competencia territorial donde se iniciara la demanda. Es el domicilio que los contribuyentes declaran ante el AFIP y en donde se tendrán por válido para todas las notificaciones, teniendo para la administración publica el carácter de domicilio constituido. Como verán este domicilio tiene suma importancia, ya que una demanda de ejecución fiscal notificada ante el domicilio fiscal hace que el ejecutado quede fehacientemente notificado, por ello hay que prestar mucha atención a esta situación ya que suele ocurrir que los contribuyentes o administrados no modifiquen el domicilio fiscal, y muchas veces no se enteran de la existencia de juicio alguno debido a este olvido. Es muy común que comerciantes alquilen un lugar para explotar su actividad y hagan el alta ante la AFIP declarando dicho domicilio, cuando se termina el contrato locativo y se van a otro lugar no cambian el domicilio y como ya no tienen nada que ver con aquel lugar, muchas veces se quedan desconociendo que allí pueden ser notificados de futuras demandas de ejecuciones fiscales. Tengan en cuenta esto como letrados, ya que cualquier planteo de nulidad que realicen contra la notificación en un domicilio fiscal les hará perder el caso con costas., más el interés en perjuicio de su cliente.

 

En caso de la ley 18.695 la prescripción es más corta es de 2 años a partir de quedar firme la resolución sancionatoria.

En este caso el domicilio que determina la competencia es el lugar del hecho donde se produjo la infracción. También es necesario que estén atento a eta situación en caso de modificar el lugar de la actividad o explotación.

 

Una vez analizado esto, y estando vigente la acción contra el contribuyente se inicia la demanda de ejecución fiscal, dicha demanda contendrá: 

  • Nombre del demandado,
  • Domicilio y carácter del mismo,
  • Concepto y monto reclamado,
  • Domicilio legal fijado por el demandante para sustanciar trámites ante el juzgado,
  • Nombre de los oficiales de justicia ad hoc y personas autorizadas para intervenir en el diligenciamiento de requerimiento de pago, embargos, secuestros y notificaciones,
  • Medidas precautorias a trabarse.
 

La documental que se acompaña por el agente fiscal con la demanda serán:

  • Titulo ejecutivo
  • El poder otorgado por la procuración del tesoro de la nación
  • Y el escrito de demanda.

Es bueno saber que quien representa al MTEYSS es un abogado a quien le recae el carácter de agente fiscal y que de acuerdo al artículo 1º del Decreto Nº 1390/2001 se especifica que las designaciones de Agentes Fiscales previstas en el presente artículo deberán recaer en abogados que acrediten un mínimo de TRES (3) años de antigüedad en la matrícula respectiva. Cuando se refiere a matrícula respectiva, significa que los mismos deben tener la matrícula federal, ya que dicho proceso se lleva a cabo en juzgados federales.

 

Una vez presentada la demanda en el Juzgado federal de turno, el juez proveerá la misma ordenando el libramiento del mandamiento de intimación por la suma reclamada especificando su concepto con más 15% para responder a intereses y costas, la medida cautelar solicitada y sus modificaciones autorizando al agente fiscal a firmar tanto el mandamiento como a realizar el embargo de fondos y valores en las cuentas bancarias mediante el sistema oficio judiciales (SOJ). 

El mandamiento es confeccionado y firmado por el agente fiscal, y notificado por medio de sus oficiales ad-doc.

El mandamiento anoticia al ejecutado de la demanda, de la medida cautelar trabada y que dispone de 5 días para oponer excepciones y constituir domicilio electrónico.

 

Las excepciones que puede plantear el ejecutado a través de su abogado son taxativas y están dispuesta en la ley 11.683 y están son:

a) Pago total documentado;
b) Espera documentada;
c) Prescripción;

d) Inhabilidad de título, no admitiéndose esta excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda.

Tengan en cuenta que aquellos pagos que se hubieran realizados después de iniciado el juicio de ejecución, los que estuvieran mal imputados o no hubieran sido comunicados por el responsable en la forma que establece el organismo fiscal, no serán hábiles para fundar excepción. No obstante, una vez acreditados los pagos en cuestión en los autos, procederá su archivo o reducción del monto demandado, con costas a cargo del ejecutado.

 

La Administración, establece que la responsabilidad de comunicar el pago es del contribuyente, de manera que la demora es imputable al contribuyente.

Las mayorías de las veces el abogado defensor del ejecutado interpone la excepción de inhabilidad de título, pretendiendo discutir la causa de la deuda, o manifestar supuestas irregularidades en el procedimiento administrativo, lo cual no prosperan debido a que en este tipo de causas no se discute la causa de la obligación, Cabe señalar que la naturaleza ejecutiva de un instrumento se verifica cuando éste reúne aquellos recaudos objetivos y subjetivos que la ley exige para dotarlo de fuerza ejecutiva en tanto que, en los términos del art. 520 de la ley ritual, un documento abre la vía ejecutiva cuando por él se demandare el cumplimiento de una obligación exigible de dar cantidades liquidas de dinero o fácilmente liquidables.- Específicamente la resolución 655/05 del MTEySS relativa al procedimiento para la comprobación y juzgamiento de las infracciones a que se refieren los capítulos B), E), G), I) y J) de la Resolución General Nº 1566- AFIP, prevé en su art. 12 que servirá de “suficiente titulo la copia autenticada de la resolución condenatoria o la certificación del importe de la multa que expida la Dirección de Inspección Federal.”, por lo tanto si esta excepción no se basa vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda, no suele generar una buena defensa para el ejecutado que termina condenado en costas.

 

En caso de oponerse excepciones por el ejecutado, éstas deberán presentarse ante el Juez asignado, manifestando bajo juramento la fecha de recepción de la intimación cumplida y acompañando la copia del certificado de deuda y el mandamiento. De la excepción deducida y documentación acompañada el Juez ordenará traslado con copias por cinco (5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula al agente fiscal interviniente en el domicilio electrónico constituido. Previo al traslado el Juez podrá expedirse en materia de competencia. La sustanciación de las excepciones tramitará por las normas del juicio ejecutivo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La sentencia de ejecución será inapelable, quedando a salvo el derecho de la Administración de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado de repetir por la vía establecida en el artículo 81 de la ley 11.683.

Vencido el plazo sin que se hayan opuesto excepciones el agente fiscal representante de la requerirá al Juez asignado interviniente constancia de dicha circunstancia, dejando de tal modo expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas. El agente fiscal representante procederá a practicar liquidación notificando administrativamente de ella al demandado por el término de cinco (5) días, plazo durante el cual el ejecutado podrá impugnarla ante el Juez asignado interviniente que la sustanciará conforme el trámite pertinente de dicha etapa del proceso de ejecución reglado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En caso de no aceptar el ejecutado la estimación de honorarios administrativa, se requerirá regulación judicial.

 

Como verán, este proceso es bastante acotado y lo que se pretende es que el estado cobre las multas aplicadas en su sede administrativas que no han sido cumplidas por los sancionados, generalmente se trata de multa en donde el administrado tuvo trabajadores no registrados en manifiesto perjuicios a los mismos.

Siempre los abogados pueden acercarse al ente tomar vista del expediente administrativo y hacer la consulta pertinente al agente fiscal que lleva la causa judicial, aquí no se trata de juicios persecutorios ni se trata de perjudicar a empresas o empleadores, sino que los mismos cumplan con las normativas en igualdad que los que los cumplen.

 

 



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